por Rodrigo Aguilera Hunt *
"La familia es el núcleo de la sociedad". Esta frase no sólo representa el espíritu de una razón epocal, sino que ha sido un índice hermenéutico para leer toda la legalidad de la Constitución de la República de Chile. El actual momento constituyente, generado gracias al estallido social y revuelta popular de octubre del 2019, ha producido una ruptura con esta gramática familiarista. Esto abre posibilidades para sostener que la familia no puede ser el núcleo fundamental de una sociedad en el campo de la legalidad, puesto que esto privatiza todo derecho social y resguarda a la Ideología neoliberal bajo un disfraz biologicista, afectivo y teológico. Se trata entonces de ensoñar, practicar y escribir otras formas de concebir el núcleo social de legalidad.
La constitución familiarista-neoliberal:
El neoliberalismo es el nombre que sintetiza a toda una dinámica político-económica productora de subjetividades y objetividades, que están en el centro del malestar actual concerniente a la transversalidad de la población.
La vigente Constitución de Chile, generada en dictadura (1980) y sacramentada en el (2005) en la alianza tácita Guzmán-Pinochet-Lagos, ergo, continuidad legal de la dictadura con la democracia; implica no sólo el triunfo de la hegemonía capitalista propia de la Guerra Fría bajo la fuerza del fusil y el colonialismo, sino algo más radical: la protección y amparo constitucional del neoliberalismo en el campo legal en el seno de la democracia conquistada en 1989.
Se trata del paso de la lógica militar a la tecnocrática, como continuidad del pacto oligárquico. Una suerte de fusión pragmática y simbólica del pinochetismo de derecha con los partidos de centro izquierda (concertación) en aras de administrar un modelo incuestionable en sus bases estructurales.
La revuelta popular de Octubre del 2019 ha desacralizado al orden legal y político de Chile: gritando “No más, Chile Despertó”. Dicha profanación es el acto destituyente radical que habita en el seno de su imaginación colectiva. La revuelta popular octubrista es una radical interpelación a la gramática política de los últimos 30 años (1989-2019) en la que se denuncia su carácter de simulacro democrático.
El pacto oligárquico defendido por la transitología de los últimos 30 años, al verse desbordado por la potencia de la revuelta y por su traducción institucional en el triunfo del plebiscito por el “Apruebo” y consecuente apertura de un proceso constituyente no ha tenido más opción que intentar defender sus intereses en el marco de este tránsito histórico absolutamente impensable para los cálculos del poder.
La apuesta del bloque de poder consistirá en intentar resguardar los pilares ideológicos menos advertidos de la actual Constitución en la nueva. Una suerte de reificación de los conceptos centrales bajo la apariencia de algo distinto.
Trabajar por una escritura constitucional que logre desarticular esta jugada será crucial, si se desea vehiculizar un Estado de derecho radicalmente distinto para Chile.
Consideremos que una constitución tiene muchos artículos legales y positivistas, no obstante, tiene unos pocos que son de naturaleza estrictamente ideológica. Artículos que sirven de clave de lectura del conjunto significante del escrito global. El artículo uno de la Constitución es uno de ellos. Versa: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad”. Dicho artículo no ofrece una normatividad precisa, pero sí una hermenéutica particular, en la que todo el resto de la legislación se interpreta a partir de su forma. La familia es el reducto axiomático e incuestionado del modelo. Su forma impone una matriz patriarcal, heteronormada, colonial y capitalista. Temáticas como la herencia, la casta, la propiedad, la tierra, la infancia, los roles de género, etc. están atravesados por la ideología familiarista burguesa. He aquí el asunto que me interesa problematizar respecto de los cruces del psicoanálisis (en particular la concepción del complejo de Edipo) y la filosofía política del derecho.
Actualmente se habla de transformar el Estado subsidiario en un Estado garante de derechos sociales, sin embargo, pocas veces se produce el vínculo entre el Estado subsidiario y la atomización de la sociedad en los núcleos de la Familia burguesa: Trinidad sagrada: Padre-madre-hijos. Esta es una alianza ideológica indisociable: la trama edípica del sujeto individual moderno y capitalista.
La Familia es el transmisor fundamental de los valores hegemónicos de una época, es el lugar de la socialización, del baño de lenguaje, de la estructuración psíquica en base a los modelos que ofrece la sociedad. Aquella, en tanto que estructura de poder, en tanto que ficción naturalista, es aseguradora de la tierra o dominio, de la propiedad privada, de la transmisión de la herencia, de la segregación por apellido, de los privilegios en magistraturas, de la sociedad clasista y racista. A su vez, la familia como institución es la base de la asimilación -vía complejo de Edipo- de la culpa moral y de las identificaciones psicológicas necesarias para reproducir el sistema de sumisión subjetiva a la ley. Es decir, tal institución familiar antes de ser un núcleo puramente afectivo, es un núcleo económico e ideológico, tal como denunciarían Reich en “Psicología de las masas del fascismo” y Deleuze-Guattari en “El Anti-Edipo”. Entonces, la Familia burguesa operaría como ideal sádico (superyoico) para todas las otras formas de constitución familiar. Precisamente los movimientos feministas y Queer luchan por desarticular la lógica psico-política opresiva de la matriz edípica como base de la legalidad ciudadana.
Pensar la familia bajo la óptica de la ideología, implica concebir a la ideología no como aquella declaración de principios formalmente planteados ante los ojos racionales de la consciencia, sino como el sustrato inconsciente sobre el que toda realidad y toda subjetividad se fundan como naturales o normales. El artículo primero es una hermenéutica, una clave ideológica de lectura de toda la Carta Magna. La familia es el inconsciente de nuestro soporte legal. Para autores como León Rotizchner, Felix Guattari, Judith Butler, entre otros; el objetivo de una revuelta emancipatoria no es sólo el cambio de leyes, sino toda una “revolución molecular” de las nervaduras íntimas de la subjetividad, de los aspectos desconocidos e impensados de toda praxis política. Una infrapolítica destinada hacia la “toma de la inconsciencia de clase” y no sólo de “conciencia de clase”. Es decir, en una transformación social ha de ponerse en juego la infraestructura económica y la superestructura ideológica, en tanto que la ideología se alberga en la transmisión inconsciente. El lugar de la familia en la actualidad es precisamente éste, el de hacer coincidir economía pulsional inconsciente con economía política del valor capital.
Este núcleo ideológico de la actual constitución, ha amarrado al Estado a un triple rol: a) policial represivo ante las demandas y revueltas populares, b) subsidiario de la economía de mercado y de los poderes del capital para efectos de resguardar la privatización, c) sostener el simulacro democrático y legal para efectos de perpetuar los órdenes políticos y simbólicos.
En la tradición filosófica política, la base ideológica de la sociedad occidental se ha concebido históricamente de distintos modos. En nuestra constitución no es ni la comunidad, ni el pueblo, ni el proletariado, ni el Estado, sino la familia burguesa amparada en su propia tipología subjetiva: el hombre blanco, padre, heterosexual, productivo, racional; en otras palabras, el sujeto individual moderno. El liberalismo desde Hayek en adelante atribuye a la riqueza familiar, al emprendedor, al millonario, la figurabilidad encarnada de la virtud.
En la historia social de Chile este elemento puede encontrarse en los propios enunciados de su clase burguesa tradicional. Al comenzar el siglo XX, la elite oligárquica chilena, radicada en Santiago y Europa, tenía en sus manos el control total de las diferentes esferas del poder. El sistema político parlamentario le permitía, desde el Ejecutivo y el Congreso Nacional, controlar el Estado. En el ámbito económico, las fortunas familiares formadas en el siglo XIX continuaban siendo las dueñas de la tierra (siempre bajo circunstancias de poder y desgarro: por ejemplo, del pueblo Mapuche) y de las principales empresas mineras (posteriormente forestales, pesqueras, etc.), comerciales y financieras, mientras en el ámbito cultural y religioso dominaban sin contrapeso, controlando los medios de comunicación, el sistema educacional y la jerarquía eclesiástica. En suma, los destinos del país residían en manos de un conjunto acotado de familias. Dicho escenario no se ha modificado en Chile a lo largo de su historia y continúa vigente en forma estructural durante el siglo XXI bajo la modalidad neoliberal que adquiere vigor desde la década del 80 con el proyecto Chicagoboys (Privatización, concesiones del fisco, evasión tributaria, leyes económicas blandas, ataque al sindicalismo, oligopolios comerciales, segregación estructural, maquinaria de consumo y endeudamiento, etc.).
Alberto Edwards publicó en 1928 su famoso libro La Fronda Aristocrática, donde caracterizó a la oligarquía de la época: "Llegó así a dominar, económica y socialmente en el país, una aristocracia mixta, burguesa por su formación debida al triunfo del dinero, por el espíritu de mercantilismo y empresa, sensata, parsimoniosa, de hábitos regulares y ordenados, pero por cuyas venas corría también la sangre de alguna de las viejas familias feudales(…) De esta mezcla de elementos burgueses y feudales sacó nuestra antigua clase dirigente su extraordinario vigor, y también algunas de sus debilidades”.
En los significantes "feudal" y "debilidades" están las claves de su comportamiento: la explotación, el extractivismo y la lógica hacendal. Hace dos años escuchamos: "Salgan de mi jardín” ergo, salgan de mi lago. Dichos dirigidos a unas mujeres veraneantes por parte de Matías Pérez Cruz (Presidente de la empresa de gas “Gasco”) en lago Ranco, al sur de Chile. Todo ello revela la gramática hacendal: “somos dueños de la tierra, los mares, los metales, los ríos, los lagos, los bosques, etc.”.
Otro ilustrativo ejemplo: Eduardo Matte, bisabuelo del presidente de la Papelera (CMPC), Eliodoro Matte, publica el 19 de marzo del año 1892 en el Diario El Pueblo: “Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa nada ni como opinión ni como prestigio”.
En consecuencia, la división entre la política, el Estado y los núcleos familiares de poder nunca se ha producido. Todo intento radical ha sido reprimido brutalmente y militarizado. Sabemos por tanto que el vigilante y rentista de la política chilena es precisamente el empresariado familiarista (endogámico). Toda la transitología (1989-2019) demostró que el rendimiento de cuentas del poder ejecutivo no era al pueblo soberano, sino a los directorios empresariales.
El desborde de esta gramática ha iniciado una serie de proliferaciones de fantasías paranoicas en la derecha chilena bajo significantes como “Chilezuela”, “nos quitarán todo” o “los rotos se vengarán”. Estamos presenciando francamente el último eslabón del delirio criollo-burgués que comenzó con el dicho de Cecilia Morel (primera dama) quién en el contexto de movilizaciones y tras filtrarse una llamada telefónica mencionaba en octubre del 2019: “¿De dónde salió esta gente? Estamos en una invasión alienígena”.
Retomemos el punto: “La familia es el núcleo central de la sociedad” implica que tanto el Estado como la sociedad civil, están desalojadas de su potencia productora de comunión (bien común). No puede haber acceso a bienes comunes, derechos sociales, garantías constitucionales, si la misma constitución ampara al individualismo atomizado y al familiarismo como sus bases para reproducir la fábrica social. Los alienígenas en Chile no son sujetos de derecho.
Una alternativa
Una propuesta alternativa supondría concebir un artículo primero de la constitución que habilite una hermenéutica que permita reinventar otras relaciones con el cuerpo, con la muerte, con los sueños, con la tierra, con los futuros, con la tradición, con la comunidad. Incluso un modo renovado de concebir “familia” podría contribuir a su despatriarcalización, dando reconocimiento a lazos sanguíneos y no sanguíneos bajo cánones no reductibles a la trinidad sagrada burguesa. Aun así, redefiniendo la familia hacia múltiples modos de lazo, pensamos que el gesto radical consistiría en desplazar metonímicamente el índice o unidad base de la gramática constitucional desde la familia a la comunidad; es decir, la comunidad iría al lugar de matriz socio-afectiva para pensar el derecho -la ligazón de los pueblos y comunidades territoriales con el Estado-. Esto daría un nuevo estatuto también a la(s) infancia(s), en tanto que sujetos de derecho e hijos de un lazo social con responsabilidad efectiva para con su desarrollo.
Un pensamiento de este orden llevado a la escritura constitucional podría ofrecer una fuerza legal que ampare a los movimientos sociales en sus demandas de derechos. Actualmente los bienes comunes y las demandas de la revuelta popular, al pasar a la esfera institucional devienen inconstitucionales. Durante décadas, muchas demandas aun teniendo las mayorías populares, aun existiendo las mayorías democráticas políticas parlamentarias, estas mayorías no han tenido la potencia de transformación de ninguna ley fundamental, de la cual se desprenden una serie de otras prácticas sociales y leyes orgánicas específicas (código de aguas, código del trabajo, tributos, etc.).
Ahora bien, el problema constitucional es más radical que redefinir la Familia. La Familia seguramente seguirá siendo el núcleo central de nuestros corazones y de nuestras redes afectivas primarias (tengo nada en contra de esto), sin embargo, no puede ser el núcleo fundamental de una sociedad en el campo de la legalidad, puesto que esto privatiza todo derecho social y resguarda a la Ideología neoliberal bajo un disfraz biologicista, afectivo y teológico (derecho natural como base ideológica del derecho civil). Modificar el artículo primero, “asignando a la comunidad, a la cultura, a cada una de las instituciones del Estado, y a todas las redes solidarias de la sociedad civil”, como núcleos fundamentales, permitiría una sociedad comunitarista que se conciba y se proteja a sí misma. Esta base nos acercaría a tener una constitución que ampare nuestras demandas y que sea una verdadera potencia contra-hegemónica ante los abusos del poder.
Toda constitución debiera generar las garantías legales para protegernos en igualdad de derechos y dignidad. En Chile, la Constitución es un amparo legal para los poderes fácticos, es decir, una inversión perversa de su espíritu originario. Siguiendo las críticas marxistas al Estado de derecho, podremos constatar el núcleo de violencia que la constitución pinochetista alberga en su seno.
La protección de dicha violencia legalizada ha sido menester de las cúpulas políticas que han administrado el Estado en los últimos 30 años. Todos los partidos del bloque de poder hegemónico de los últimos 30 años, al ver reducida al mínimo su representación electoral, han puesto acento en la lógica de los acuerdos y en la idea de mesurar los discursos. Esto no es casual. Más bien responde a una razón de Estado unitario que consiste en:
- Homologar Estado de Derecho a racionalidad a-política y a-histórica.
- Desmentir el núcleo de violencia que el actual Estado de Derecho encierra en sí.
- Confundir orden público con paz social, por tanto, represión policial y militar con republicanismo.
- Signar de violencia ilegítima a todas las insurrecciones y revueltas populares.
- Eclipsar los antagonismos sociales y la heterogeneidad popular mediante acuerdos de cúpula oligárquica de maquinaria política-instituida (democracia de consensos).
En consecuencia, lo que está en juego para las fuerzas de transformación, es desmantelar la violencia disfrazada de paz en el propio Estado de Derecho actual. La operación escritural consiste entonces en desmantelar la pseudo-democracia que opera como dictadura comisarial y así tejer caminos hacia una radicalización democrático-participativa. El capítulo uno de la constitución es un punto sensible para iniciar el desmantelamiento de la gramática familiarista-neoliberal chilena.
En síntesis, los derechos de la naturaleza, de las etnias, de las diversidades de género, de las clases populares, de las personas con capacidades diferentes, el acceso a la salud y la educación universal, las pensiones dignas, la planificación económica sustentable a largo plazo, etc. Implica dotar al Estado y al Pueblo de una base simbólica y legal en su Carta Magna, para que todas sus luchas tengan amparo constitucional y no queden por fuera del lazo social -con la piedra, la barricada o el grito como su única potencia-.
Conclusiones
Hemos de considerar que el fenómeno político contemporáneo induce a pensar que los movimientos sociales y la política territorial (extra institucional) son la base vigorosa del dinamismo social. Por ello el debate constitucional y el rol del Estado no es el único elemento a considerar. No obstante, para que ese dinamismo de base tenga lugar y potencia transformadora debe haber un Estado y una legalidad abierta a dichas contingencias y heterogeneidades.
Se trataría entonces de concebir una constitución desacralizada, es decir, siempre abierta a la desmesura de la imaginación popular. Siguiendo al filósofo chileno Rodrigo Karmy diremos que se trataría de reactivar la vieja tradición “maquiaveliana” y “spinoziana” antes que la “hobbesiana”, aquella que acepte el conflicto político y nos lance a la felicidad como potencia de obrar; antes que aquella que tienda a su neutralización y solo nos ofrezca seguridad. Es más, si Chile sigue en revuelta, es porque la Nueva Constitución solo devendrá desde el fuego. Consideramos que se trata de una Constitución que ya ha sido escrita en los múltiples rincones de las ciudades, en sus muros, calles, esquinas, plazas, casas, foros civiles en internet, en medio de la conversación cotidiana. Los textos ya están escritos en la materialidad del rayado, la pintura, la pancarta, la poesía, el mapudungun (lengua del Pueblo Mapuche), el grito, el canto, la literatura, el diálogo. Solo resta seguir el ritmo de su escritura, el breve aleteo de la imaginación que sigue reunida en Dignidad.
Octubre del 2019 es una condensación de imaginarios, demandas y símbolos que bajo la forma de estallido social y revuelta han interpelado al Estado de derecho. El retorno de una verdad en el corazón de las ciudades: Baquedano cae, allí donde se erige el despertar de la dignidad del pueblo. La metáfora es: cae la figurabilidad de la violencia legalizada propia de la gramática del poder, y se erige la legítima violencia del pueblo heterogéneo en lucha. Sin ello, Chile no tendría hoy debate constitucional.
En definitiva, el pueblo (o más precisamente los pueblos) está en el lugar donde suele no estar, para luchar -una y otra vez- por escribir una Constitución que siga una ética distinta a la de la violencia excedente del capital y a la de la privatización familiarista burguesa de los derechos. Quizá como redención de todas las revoluciones proletarias previas, no se trata sólo de lucha de clase, y de violencia revolucionaria reivindicatoria, sino de desplegar un giro cultural hacia nuevos modos de vida. Quizá se trata de trabajar –y esto incluye a la convención constituyente- con una ética práctica diversa, diría de acervo feminista: deseante, inclusiva, equitativa, digna, dialogante, diversa, fluida… donde la ternura y el amor no sean romanticismos irracionales o estén restringidas al imaginario privatizador del psiquismo edipizado. Quizá los afectos estén anudados a la misma lógica escritural para (re)pensar el lazo social y el lazo de la humanidad con la naturaleza. Siguiendo a Rita Segato, podríamos decir que ese movimiento despatriacalizador pasaría por restituir la potencia de los cuerpos y territorios para amparar diversos modos de vida en la ética de la plurinacionalidad.
No es casual para efectos de la simbología en juego, que quien presida la actual convención constituyente en Chile sea una mujer Mapuche: la destacada Elisa Loncón.
En otras palabras, el imaginario instituyente está flotante en la sociedad, quizá lo que falta es producir los mecanismos estratégicos para poder traducir –aunque parcialmente- en la lógica institucional, política y legal. Un desafío urgente y complejo. Hemos de saber que toda escritura, por el materialismo de la letra, es inacabada e imperfecta, y ello lejos de ser un problema, es su máxima potencia.
*Rodrigo Aguilera Hunt
Psicólogo clínico PUC, Magíster en psicoterapia psicoanalítica UAI, Psicoanalista formación ICHPA; rodrigoaguilerahunt@gmail.com