Por Adriana Taboada[1]
Marzo para muchxs de nosotrxs es MEMORIA, es LUCHA en las calles y una apuesta fuerte por el NUNCA MAS.
En el año 2002 se sancionó la Ley 25.633, que en su artículo 1º establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”. Sin dudas una conquista del movimiento de Derechos Humanos acompañado por amplios sectores sociales, políticos y sindicales de nuestro pueblo que jamás olvidó ni hizo silencio.
Esa ley también establece que el 24 de marzo se conmemora a quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en el año 1976. Entendemos que datar 1976 fue la negociación política posible en ese tiempo histórico, pero que no refleja la realidad de los campos de concentración, las desapariciones forzadas, los asesinatos, la cárcel y el uso del terror como herramienta de control y disciplinamiento social que atravesamos.
El 24 de marzo es un símbolo con un “antes” que también forma parte de la lucha por Verdad y Justicia: ese antes está marcado por el Plan Cóndor, las víctimas de la AAA y el Operativo Independencia que comienza el 9 de febrero de 1975, fecha en que para muchxs de nosotrxs dio comienzo el proceso genocida en Argentina.
Casi medio siglo después, la exigencia de “Juicio y castigo a todos los culpables” se mantiene como imperativo que nos sigue impulsando y que llegará a su fin con la muerte del último genocida acusado. [2] Mientras tanto la lucha contra la impunidad continúa, con momentos de avances y otros de retrocesos.
Una sintética línea del tiempo nos ayudará a visualizar ese proceso:
-1985. Juicio a las Juntas. Por primera vez en la historia argentina se juzgó a los responsables por los crímenes cometidos durante una dictadura militar. Conocida como “Causa 13” tuvo como resultado condenas y muchas absoluciones. Como dato muy importante la sentencia descarta la existencia de una guerra, relato sostenido por el poder genocida, y da por probada la organización, características metodológicas y sistematicidad del plan criminal desplegado. De manera inesperada el tribunal estableció en su dictamen que debía continuarse con el proceso de juzgamiento a miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad siguiendo la cadena de mandos.
-1986 y 1987. Se sancionaron las leyes conocidas como de Punto Final[3] y de Obediencia Debida[4], que trascendieron bajo la denominación de Leyes de Impunidad, pues impidieron legalmente continuar con los procesos de juzgamiento.
De esta manera la impunidad quedó “legalizada” por el Congreso de la Nación, cerrando la posibilidad de obtener justicia.
-1989 y 1990. El presidente Carlos Menem firma los indultos por los cuales se perdonó el cumplimiento de las penas, entre otros, a los miembros de las juntas militares condenados en el juicio de 1985, quienes a partir de ese momento quedaron en libertad.
-1998. En distintas jurisdicciones del país comenzaron a realizarse los Juicios por la Verdad, procedimiento judicial sin efectos penales[5] que permitió escuchar el testimonio de cientos de víctimas, familiares, militares y miembros de las fuerzas de seguridad.
2003. El Congreso de la Nación anula las leyes de impunidad.
2005. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declara la inconstitucionalidad de aquellas leyes y establece la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en la década del ´70.
Se abrió a partir de entonces la posibilidad de construir una de las experiencias más ricas de lucha de nuestro pueblo: los Juicios por delitos de lesa humanidad, llevados adelante por tribunales locales y civiles, sostenidos en legislación nacional y con el código de procedimientos procesal penal argentino.
La lucha contra la impunidad
Este camino que se reestablece hace 15 años, es una construcción colectiva con muchos logros, y mucha tarea aún por realizar.
Una forma de valorar los logros es contar los juicios en números: hay 633 causa abiertas [6], algunas de ellas con múltiples víctimas[7].269 sentencias en primera instancia, 1052 condenados; 3551 personas investigadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 572 son personas procesadas, 582 imputadas, a 154 se les dictó la falta de mérito, 165 fueron absueltas, 93 sobreseídas, 38 indagadas, hay 22 prófugos, fallecidos 873.
Las cifras son importantes, dan cuenta del valioso proceso que se está llevando adelante sostenido fundamentalmente por lxs víctimas sobrevivientes y lxs familiares. Sin embargo aún es mucho lo que falta investigar y judicializar.
Para darnos una idea de este planteo podemos tomar como ejemplo el caso de los centros clandestinos de detención (CCD). Desde el 9 de febrero de 1975, en que se abre el primero de ellos conocido como La Escuelita de Famaillá (Tucumán) a 1983, fueron identificados y ubicados aproximadamente 800 CCD a lo largo y ancho de todo el país. Hay víctimas que han descriptos lugares que aún no han podido ser encontrados. Al dividir los 3551 investigados por los 800 CCD, obtendremos una distribución de algo más de 4 personas por lugar de secuestro.
Si pensamos que cada lugar requería de una cantidad importante de personas para tareas de guardia y control de los secuestradxs durante las 24hs del día los 7 días de la semana, más las que integraban las patotas que se ocupaban de los secuestros y traslados, aquellos que componían los grupos de interrogatorio y tortura, los que organizaban la información obtenida, planificaban y tomaban decisiones, queda claro que para sostener esos casi 800 CCD se necesitó de muchos miles de perpetradores, con lo cual la cifra de investigados resulta más que insuficiente. Pero además falta avanzar en la responsabilidad empresaria en la represión, la participación religiosa y de civiles. Aún restan ubicar a 300 nietxs, y allí también hay apropiadores para enjuiciar, más quienes formaron parte de la cadena de complicidades que hizo posible esas apropiaciones.
Los números tienen un fuerte impacto, pero necesitamos poner de relieve también las múltiples prácticas que pudimos desarrollar a medida que los juicios avanzaban y los aprendizajes se iban sucediendo.
Los juicios se convirtieron en una herramienta de construcción de ciudadanía y ejercicio democrático cuando las salas de audiencias se empezaron a llenar de jóvenes adolescentes que asistían con sus docentes como parte de su formación escolar y humana. Allí también fue posible el aprendizaje de primera mano de nuestra historia reciente y la posibilidad de promover el pensamiento crítico, sin dejar de mencionar el contacto con el funcionamiento judicial. En los últimos años también se sumaron lxs trabajadores que asisten con sus gremios: no olvidemos que el grueso de lxs desaparecidxs eran trabajadores organizados, conscientes, con altos grados de participación. Estas acciones se fuero desarrollando como parte del área de extensión de universidades públicas como UBA, UNTREF,UNLP.
Los juicios impulsaron desarrollos conceptuales: mucho se ha producido acerca del proceso genocida desde distintas disciplinas, conocimiento que fue impulsado por los juicios y que luego se volcó a los mismos para darles mayor solidez probatoria.
La publicidad de los juicios dejó en la pandemia un saldo positivo: la posibilidad de seguirlos de manera remota, dependiendo de la autorización de los tribunales[8]. Aún hay muchxs jueces y juezas que pretenden limitar el derecho de escuchar las voces de las víctimas y la de los genocidas. Hoy la audiencia creció exponencialmente pues se pueden ver fuera de horario y desde cualquier lugar.
Los delitos deben probarse como en cualquier juicio penal, y parte de la prueba la aportan los testigos. En estos juicios la sociedad civil, el testigo imparcial, es de gran valor. Este rol lo están jugando por ejemplo las colimbas, los hombres que hicieron el servicio militar obligatorio entre 1975 y 1983, que hoy se sientan a declarar en los juicios para contar lo que vieron, escucharon, aquello de lo que fueron testigos mientras cumplían con esa obligación.
Esta es la enumeración de algunos temas (hay muchos otros para mencionar) y desde ya no los desarrollaremos porque no es el sentido de estas líneas, pero nos parece importante que pueda visualizarse la potencia que contiene el proceso de juzgamiento que venimos llevando adelante desde hace 15 años y que aún tiene varios años más por delante.
Solo quiero reservarme las últimas palabras para destacar otros dos aspectos: uno de impacto político y otro disciplinar.
Desde lo político los juicios y la lucha por Verdad han dado lugar a otra experiencia local, original con un peso simbólico que seguirá mereciendo reflexiones: el surgimiento del colectivo “Historias Desobedientes, familiares de genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia”. Es la primera vez que la descendencia de perpetradores se organiza en un colectivo propio alrededor de este tema.[9]
Desde lo disciplinar mencionar que también el campo Psi ha producido aportes de saberes y prácticas. Desde el trabajo con las víctimas en la atención clínica, en el abordaje psicosocial de la problemática, el acompañamiento a las testigos en los juicios, al trabajo forense con genocidas evaluando su posibilidad de estar o no en juicio buscando además detectar los casos de simulación, sin olvidar los desarrollos teóricos de distinto tipo. Estas son sólo algunas muestras de nuestro involucramiento profesional en los procesos de justicia. Obviamente cada uno de estos temas tiene un desarrollo propio, rico y original.
Ojalá este pantallazo a “vuelo de pájaro” impulse reflexiones y promueva las ganas de participar de los juicios de lesa humanidad siguiendo las transmisiones por las distintas plataformas, buscando luego esas transmisiones para ser utilizadas como material en las aulas o simplemente compartir con otrxs, difundir los juicios es una tarea que todxs podemos realizar; asistiendo a las salas de juicio cuando se vuelva a la presencialidad; estando atentos para contarle a todos los hombres que hayan hecho el servicio militar obligatorio entre 1975 y 1983 que pueden acercarse a los juzgados a declarar lo que sepan pues cada granito de arena suma a la verdad, echa luz sobre lo desconocido, da respuesta a algunas preguntas.
Los juicios son ahora. Seamos parte de este tiempo.
[1] Psicóloga. Perita por la Secretaria de Derechos Humanos en causas por delitos de lesa humanidad. Investigadora del Centro de Estudios sobre Genocidio (UNTREF). Miembro del Observatorio de Crímenes de Estado (F.Soc-UBA)
[2] Para llevar adelante un juicio penal se requiere definir el delito, la víctima del mismo y tener a quién acusar. El acusado tiene derecho de defenderse para lo cual obviamente debe estar vivo.
[3] La Ley 23.492 de Punto Final estableció la caducidad de la acción penal (prescripción) contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas —que involucró detenciones ilegales, violaciones, torturas y homicidios agravados o asesinatos— que tuvieron lugar durante el Proceso de Reorganización Nacional que no hubieran sido llamados a declarar “antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley”. La ley se sancionó el 24 /12/86.
[4] La Ley 23.521 de Obediencia Debida estableció la presunción que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera por debajo de coronel (en tanto y en cuanto no se hubiesen apropiado de menores o de inmuebles de desaparecidos), durante el terrorismo de Estado y la dictadura militar no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada “obediencia debida”.
[5] Los juicios por la verdad como su nombre lo indica permiten obtener información, pero no tiene atribuciones para establecer condenas.
[6] https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/a-quince-anos-de-la-reapertura-de-los-procesos-se-dictaron-269-sentencias-y-1052-personas-fueron-condenas-mientras-que-165-resultaron-absueltas/
[7] Por ejemplo la causa conocida como Contraofensiva de la megacausa Campo de Mayo tiene casi 100 víctimas
[8] Sugerimos a quienes lo deseen entrar al canal de YouTube del medio de comunicación alternativo La Retaguardia.
[9] En la actualidad “Historias desobedientes” empieza a tomar forma en Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay.